Para una política científica con financiación suficiente y garantía de igualdad efectiva entre mujeres y hombres
La Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas (AMIT) propone a las formaciones políticas que incorporen a sus programas compromisos verificables para fortalecer el sistema español de ciencia, tecnología e innovación; mejorar la universidad, las instituciones de investigación y todo el ecosistema de I+D+i; garantizar la igualdad de oportunidades en todas las etapas de la carrera científica y tecnológica, así como el liderazgo de las mujeres en toda la cadena de valor de la investigación, la transferencia de conocimiento, la innovación y el emprendimiento
La inversión pública sostenida en I+D+i y el estímulo a la inversión privada favorecen la capacidad productiva, la autonomía tecnológica, la calidad del empleo y la respuesta pública a problemas sociales. También abre oportunidades de formación y desarrollo profesional a la juventud. Sin embargo, los últimos datos disponibles, que corresponden a 2024, muestran que España dedicó a I+D tan sólo el 1,50 % del PIB. Desde AMIT creemos que esta cifra, que muestra un esfuerzo creciente pero aún insuficiente, aconseja sostener un impulso inversor de largo plazo.
En este contexto general, la igualdad de género en el reparto de la inversión no es una mera anécdota, ni una demanda colateral, como no lo es la exigencia de previsiones que aseguren la igualdad, sin sesgos, en el acceso y promoción del empleo en el sector universitario, de la investigación y de la innovación. El informe Científicas en cifras 2025 constata que las mujeres representaban el 27 % de las cátedras universitarias en 2022-2023 y que, en las ayudas de I+D examinadas para 2022, su tasa de éxito fue 4,5 puntos menor que la de los hombres. A este diagnóstico se suman los resultados del informe Mujeres e Innovación 2026, que muestran que las desigualdades persisten, ya que, en 2024, las mujeres representan únicamente alrededor del 29 % del personal interno dedicado a actividades innovadoras en las empresas y su presencia disminuye en actividades de transferencia y en el liderazgo de proyectos.
Los avances normativos y organizativos no han eliminado de manera suficiente las barreras en promoción, financiación y liderazgo, aunque se hayan producido mejoras. España debe mantener y desarrollar su compromiso con la igualdad, también como parte de su contribución al Espacio Europeo de Investigación; consolidar las políticas que muestran su éxito en materia científica y no revertir o anular herramientas que se han mostrado útiles tanto desde el punto de vista del avance científico, como desde la perspectiva de la promoción de la igualdad real y efectiva entre el personal científico y académico.
Diez compromisos para la próxima legislatura:
1. Prioridades científicas y en el ecosistema de innovación que atiendan necesidades sociales
Es necesario mantener programas marco de investigación competitivos abiertos a la investigación básica y al desarrollo tecnológico e industrial, y financiar líneas estables para retos como salud pública, transición ecológica, desigualdades, digitalización, autonomía estratégica, inteligencia artificial ética, y envejecimiento. Es preciso integrar las ciencias sociales y las humanidades, así como incorporar la perspectiva de sexo y género a lo que se investiga y a cómo se investiga.
En toda investigación, y especialmente en la financiada con fondos públicos, deberán considerarse el sexo como variable biológica y el género como variable sociocultural, desde la formulación de preguntas e hipótesis y el diseño hasta la recogida y el análisis de datos, la interpretación y la transferencia y difusión de resultados. Su pertinencia deberá valorarse expresamente en las convocatorias y en el seguimiento; cuando no proceda, habrá de justificarse científicamente. Para ello, se formará a las personas evaluadoras y se incorporarán estos criterios a las guías de evaluación.
2. Una carrera científica e investigadora previsible y no discriminatoria para las nuevas generaciones
Es imprescindible reducir la precariedad en las fases iniciales; es preciso ordenar itinerarios de incorporación y estabilización, con convocatorias regulares, movilidad viable y reconocimiento de la docencia, la investigación, la transferencia y la divulgación. Deben incorporarse medidas eficaces para compensar interrupciones por cuidados y evitar que los cuidados penalicen la evaluación. Se han producido avances en esta línea, pero los primeros años de carrera profesional siguen siendo enormemente inestables y dificultan la concreción de proyectos de vida más allá de lo profesional.
Las convocatorias, acreditaciones y evaluaciones deberán contemplar de forma explícita las interrupciones o reducciones de actividad por embarazo, nacimiento, lactancia, permisos y responsabilidades de cuidado, con ajustes de plazos y objetivos y, cuando corresponda, prórrogas contractuales o sustituciones. Las medidas protegerán la continuidad de la carrera sin presuponer que quien disfruta de un permiso sigue trabajando ni penalizar a quien se desconecta efectivamente durante ese periodo. La estabilización de las trayectorias investigadoras no dependerá de la disponibilidad de plazas docentes.
3. Promoción del personal consolidado y acceso al liderazgo: romper el techo de cristal en el liderazgo científico, tecnológico y empresarial
Siempre dentro del ámbito de la carrera profesional, es preciso garantizar oportunidades de promoción para profesorado y personal investigador sénior, con procedimientos periódicos, criterios públicos y plazas adecuadas. Deben desarrollarse herramientas para corregir los cuellos de botella de acceso a cátedras, escalas superiores y dirección científica; es necesario seguir midiendo la brecha por género en acreditaciones, concursos, nombramientos y recursos asociados al liderazgo en el ecosistema de innovación público y privado para buscar instrumentos idóneos para cerrar la brecha.
El trabajo en responsabilidades para la promoción de la igualdad, la participación en comisiones paritarias y las tareas de representación y servicio institucional deberán reconocerse en la carga de trabajo y en los criterios de promoción. Su distribución debe evitar que recaigan de forma desproporcionada y no reconocida sobre unas pocas mujeres, en particular en áreas con menor presencia femenina.
4. Financiación estable, creciente y evaluable de la I+D+i
Los problemas relacionados con la carrera profesional no son solo individuales. Tienen una dimensión colectiva que repercute en la calidad y continuidad de la investigación y en la pérdida de capital humano que se desplaza a otros países. Por eso es necesario establecer una senda plurianual de incremento de la inversión pública en I+D+i, con objetivos presupuestarios y de ejecución transparentes; asegurar la continuidad de convocatorias competitivas, incentivos fiscales, financiación basal y programas estratégicos, evitando interrupciones que deshacen equipos y carreras. Es necesario publicar anualmente los resultados, incluidos los efectos distributivos por sexo.
Las convocatorias públicas valorarán de forma efectiva el liderazgo de las mujeres en los equipos y en las iniciativas empresariales basadas en conocimiento. Se impulsarán líneas específicas de financiación para spin-offs y empresas de base científico-tecnológica lideradas por mujeres o con liderazgo mixto, y se facilitará su acceso a financiación privada.
5. Universidades, OPIs, centros tecnológicos y empresas innovadoras con capacidad real para investigar
En línea con la propuesta anterior, es preciso financiar de forma suficiente plantillas, laboratorios, bibliotecas, infraestructuras científicas, servicios técnicos y de apoyo a la gestión de proyectos, transferencia del conocimiento y emprendimiento. Se deben promover mecanismos de coordinación entre Estado y comunidades autónomas que impidan que la financiación ordinaria de las instituciones dependa de manera desproporcionada de fondos extraordinarios.
6. Igualdad exigible en financiación, selección y evaluación
Es necesario aplicar y supervisar planes de igualdad dotados de personal y recursos, también formar a las comisiones de evaluación de todo tipo para identificar sesgos de género, en la línea en que se viene implementando en los últimos años. Es preciso asegurar procedimientos transparentes y equilibrados y publicar indicadores desagregados por sexo de solicitudes, concesiones, tasas de éxito, cuantías y evaluación. Vincular incentivos institucionales a progresos acreditados, para evitar que los planes de igualdad se conviertan en meros trámites formales.
El seguimiento llegará también al nivel de centro y departamento, para que los promedios institucionales no oculten desigualdades internas, e incluirá la evaluación periódica del impacto de los programas de igualdad y de las percepciones sobre su cumplimiento, con datos desagregados por sexo. En la financiación pública se dará un peso efectivo al Distintivo de Igualdad de Género en I+D+i, facilitando su tramitación a escala institucional para reducir la carga administrativa de facultades y centros, y se auditará periódicamente la distribución de los fondos por sexo, junto con el cumplimiento real de los planes.
7. Investigación, innovación y transferencia con participación equilibrada
Es preciso fortalecer la cooperación entre universidades, centros públicos, empresas, administraciones y entidades sociales; facilitar la transferencia del conocimiento sin infravalorar sus formas no comerciales. Desarrollar apoyos específicos a investigadoras emprendedoras, tecnólogas y mujeres que lideran proyectos de innovación y evaluar la igualdad en el acceso a redes, financiación y propiedad intelectual. Ampliar los criterios de reconocimiento y evaluación de la innovación para incorporar adecuadamente la innovación social, organizativa, pública y de procesos, evitando que una definición excesivamente centrada en la tecnología, las patentes o el mercado invisibilice aportaciones relevantes.
El reconocimiento de la transferencia abarcará, además de patentes, contratos y creación de empresas, la innovación abierta y social, la innovación organizativa y pública, la interdisciplinariedad y las interacciones bidireccionales con agentes públicos, privados y sociales. Se ampliarán los criterios de los sexenios de transferencia para admitir estas aportaciones y se ensayarán modalidades nuevas mediante convocatorias piloto evaluables y medidas de acción positiva. Se valorarán asimismo la incorporación de doctoras y doctores a empresas, administraciones y entidades sociales, el aprendizaje-servicio y la divulgación científica, especialmente en salud y medioambiente.
Se impulsará una base pública anual con datos desagregados por sexo sobre transferencia, solicitudes e inventoras e inventores en patentes, participación y responsabilidades en spin-offs y otras empresas basadas en conocimiento, y financiación obtenida. También se promoverán programas de formación en propiedad intelectual, patentes, emprendimiento, captación de fondos y dirección de proyectos, junto con mentoría y redes de contacto para investigadoras y tecnólogas.
Las universidades y los centros dispondrán de oficinas y equipos de transferencia con recursos suficientes y formación periódica en propiedad intelectual, creación de empresas, captación de fondos y barreras de género, para acompañar a las investigadoras desde la idea inicial hasta la aplicación y consolidación de sus proyectos.
8. Entornos de investigación seguros y compatibles con los cuidados
Debe dotarse de medios a la prevención, denuncia y respuesta frente al acoso sexual y por razón de sexo, con garantías de confidencialidad e independencia de los procedimientos que deberían confiarse a personas formadas y profesionalizadas. El sistema de control del acoso en sede laboral no puede quedar relegado a labor de voluntariado del profesorado o a un incremento de carga laboral del PTGAS o del personal investigador. Hay que profundizar en un marco normativo común y de obligado cumplimiento y aclarar y reforzar la relación entre los procedimientos internos de control del acoso y los procesos en sede disciplinaria administrativa o jurisdiccional que puedan abrirse por los mismos hechos. El sistema no es claro y genera inseguridad adicional en las personas denunciantes.
Además, es preciso financiar sustituciones, apoyos a equipos y medidas de corresponsabilidad para que permisos, embarazo, dependencia o cuidados no ocasionen pérdida de proyectos o de opciones de promoción. Los centros y campus facilitarán espacios de lactancia y cuidados y condiciones de trabajo accesibles y flexibles, compatibles con las responsabilidades de cuidado.
Por último, es necesario investigar la situación de acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la ciencia y la tecnología español para conocer su alcance. La prevención y la respuesta incluirán formación obligatoria y periódica sobre acoso sexual, por razón de sexo y por orientación sexual o identidad de género, especialmente para quienes dirigen equipos y departamentos, así como sensibilización sobre cómo intervenir cuando se presencia una situación de acoso. Se garantizarán vías claras e independientes, acompañamiento a las personas afectadas y alternativas para que puedan continuar su actividad —incluido el cambio de dirección o supervisión cuando sea necesario— sin trasladarles la carga de resolver el problema.
9. Ciencia presente en las decisiones públicas
Es necesario consolidar el ecosistema nacional de asesoramiento científico a políticas públicas (Oficina C del Congreso y ONAC) con la perspectiva de género como eje transversal, con estabilidad institucional, personal especializado, independencia técnica y recursos. Extender de manera gradual la capacidad de asesoramiento a otros niveles administrativos y parlamentarios; publicar metodologías y criterios de selección de evidencia, promover la pluralidad disciplinar y el equilibrio por género.
10. Cultura científica, referentes
Es imprescindible sostener programas de educación y divulgación científica, fomentar vocaciones entre niñas y jóvenes y hacer visibles las contribuciones de investigadoras, tecnólogas e innovadoras, así como combatir los estereotipos de género sobre quién produce ciencia, tecnología e innovación y sobre qué actividades merecen ser reconocidas como tales.
Por ello es necesario contemplar que la comunicación de la ciencia debe estar integrada como una más de las patas del sistema de ciencia y tecnología. Una comunicación de la ciencia profesional y rigurosa es una garantía de que a la sociedad le llegue la información sin sesgos de ningún tipo.
La docencia, los materiales educativos y las preguntas y proyectos de investigación incorporarán las contribuciones de investigadoras, tecnólogas e innovadoras y referencias bibliográficas diversas. Se promoverá también una presencia equilibrada de expertas y expertos en paneles, actividades de divulgación y espacios de comunicación pública de la ciencia.
Por último, pero no menos importante, es preciso presentar un balance anual, público y comparable de la implementación de los compromisos, con indicadores, partidas ejecutadas y participación de las organizaciones científicas y de igualdad en el seguimiento.
También es preciso reforzar y hacer operativa la perspectiva de género como eje transversal de la EECTI 2028-2034, incorporando objetivos medibles, indicadores de seguimiento y mecanismos de evaluación en todas sus prioridades: carreras científicas y tecnológicas, financiación, investigación, innovación, transferencia y liderazgo.
El objetivo es que el progreso científico y la igualdad entre mujeres y hombres se evalúen conjuntamente, sin presentar esta última como una cuestión accesoria o ajena a la calidad del sistema.
